Jurisprudencia Unión Europea (Cláusulas abusivas)
Sentencia de la Sala 10ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2016

Cláusulas abusivas.
Entre los años 2005 y 2008, una entidad de crédito, como prestamista, y una sociedad mercantil, como prestataria, celebraron tres contratos de préstamo en garantía de los cuales dos personas físicas, una de ellas el administrador único y socio de la prestataria, formalizaron un compromiso hipotecario a favor de la entidad prestamista. Posteriormente, en el año 2009, las partes suscribieron tres contratos de crédito con la finalidad de refinanciar los préstamos formalizados entre los años 2005 y 2008, en los que, además, intervenía una tercera sociedad como codeudor. En esta misma fecha, mediante un “contrato de compraventa con novación subjetiva por delegación perfecta”, la sociedad codeudora sustituyó a la prestataria como deudora de las obligaciones contraídas por ésta frente a la entidad prestamista, quedando la segunda liberada de todas sus obligaciones frente a esta última. En garantía de estas operaciones de crédito, y a raíz de la novación descrita anteriormente, las personas físicas garantes de las operaciones de préstamo se constituyeron asimismo en avalistas hipotecarios. En el año 2013, los avalistas hipotecantes a los que se ha hecho referencia anteriormente, interpusieron un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia de Satu Mare (Rumanía) por entender que ciertas cláusulas de los contratos de crédito antes mencionados eran abusivas, invocando para ello la normativa de protección de consumidores. Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado de Primera Instancia de Satu Mare planteó al Alto Tribunal si resultaba de aplicación en este caso la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, entendiendo este tribunal que en el momento de la celebración de los contratos de préstamo, el administrador y socio único de la prestataria, actúo por razón de los vínculos funcionales que tenía con ésta, y por lo tanto no puede ser calificado de consumidor; pero que sin embargo, con ocasión de la asunción de las deudas de la primera entidad prestataria por la segunda, y de la formalización de las operaciones de crédito, ni 5 uno ni otro avalista hipotecario tenían la condición de administradores de la nueva sociedad prestataria, por lo que no actuaron por razón de sus vínculos funcionales con ésta, dejando el Alto Tribunal en manos del tribunal remitente la tarea de determinar si aquellos actuaron con fines relacionados con su actividad profesional o ajenos a la misma, y en este último supuesto determinar las consecuencias de su calificación como consumidor.